La jefa de Gabinete de la Presidencia, Gilda Céspedes Quevedo, enfrenta cuestionamientos por dos hechos que han dado lugar a denuncias de presunto nepotismo y tráfico de influencias, ambos relacionados con familiares directos: el ascenso militar de su hermano y la designación de su sobrina en un cargo de alta jerarquía dentro del Gobierno.
La primera controversia surgió tras el ascenso del general Julio César Céspedes Quevedo, hermano de la jefa de Gabinete, al grado de general de Brigada. El proceso fue cuestionado por militares del servicio pasivo y periodistas, quienes sostienen que el oficial no habría cumplido con todos los requisitos establecidos para acceder a esa promoción y que otros oficiales con mejores calificaciones fueron relegados.
Las críticas se intensificaron luego de que se conociera la designación de Micaela Lola Céspedes Cadenas, hija del general Julio Céspedes y sobrina de Gilda Céspedes, como directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo. La designación fue observada por activistas y analistas, quienes cuestionaron la experiencia de la nueva autoridad y advirtieron un posible favorecimiento por su vínculo familiar con una de las principales colaboradoras del presidente Rodrigo Paz.
El periodista Junior Arias denunció públicamente ambos casos y afirmó que podrían constituir hechos de tráfico de influencias y nepotismo. Las denuncias también fueron respaldadas por militares retirados que cuestionaron el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas y por otros actores que pidieron investigar las designaciones.
En medio de la polémica, Gilda Céspedes presentó una denuncia contra el periodista Junior Arias por presunto acoso y violencia política. Sin embargo, el caso fue desestimado por el Ministerio Público, que recordó que las controversias derivadas del ejercicio periodístico se encuentran reguladas por la Ley de Imprenta.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento específico sobre las denuncias relacionadas con la designación de la sobrina de la jefa de Gabinete. Tampoco existe una resolución judicial o administrativa que establezca la existencia de nepotismo o tráfico de influencias en ninguno de los dos casos. No obstante, las denuncias han reavivado el debate sobre la transparencia, la meritocracia y los posibles conflictos de interés en la administración pública.