La Fiscalía de La Paz presentó una imputación formal contra el dirigente campesino Vicente Salazar Limachi y solicitó al Juzgado 17 de Instrucción Penal de La Paz que disponga seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
Entre tanto, avanzarán las investigaciones por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Tras conocerse la imputación, la defensa del dirigente anunció que activará una acción de libertad al considerar que la solicitud fiscal vulnera sus derechos y carece de sustento.
En su fundamentación, el Ministerio Público sostiene que Salazar, en su condición de ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, firmó el “Acuerdo Interinstitucional de Unidad y Lealtad” del 6 de mayo de 2026, mediante el cual se convocó a un paro general indefinido con bloqueo de caminos para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Asimismo, le atribuye haber convocado y ampliado los bloqueos en puntos estratégicos, especialmente en la carretera La Paz-Oruro y el tramo Hito IV-Viacha, además de emitir declaraciones públicas en las que llamó a mantener las movilizaciones, afirmó que existían 180 puntos de bloqueo y descartó cualquier diálogo mientras no se cumplieran las demandas de los sectores movilizados.
La imputación también señala que Salazar continuó promoviendo las protestas incluso durante la vigencia del estado de excepción y que actuó de manera coordinada con dirigentes de la COB y otras organizaciones sociales para sostener los bloqueos.
Según la Fiscalía, estas acciones provocaron el aislamiento de La Paz y El Alto durante más de 50 días, desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, pérdidas económicas millonarias, daños a la infraestructura vial y al menos 14 fallecimientos relacionados con la imposibilidad de acceder oportunamente a atención médica.
Para sustentar la detención preventiva, el Ministerio Público argumenta la existencia de riesgos procesales. En cuanto al riesgo de fuga, sostiene que el imputado no acreditó plenamente su domicilio ni su actividad laboral, que registra viajes al Perú y que podría abandonar el país con su sola cédula de identidad, además de representar un supuesto peligro para la sociedad por la posibilidad de reiterar conductas similares.
Respecto al riesgo de obstaculización, afirma que, en libertad, podría influir sobre testigos, coimputados y peritos, así como interferir en diligencias pendientes, entre ellas declaraciones testificales, pericias informáticas, inspecciones técnicas y otros actos investigativos.
Frente a la solicitud fiscal, la defensa de Salazar anunció que presentará una acción de libertad, al considerar que la imputación y el pedido de detención preventiva vulneran las garantías constitucionales del dirigente.
