Ante la persistente mala calidad del combustible en el país y sus efectos en el parque automotor, la diputada tarijeña Marcela Guerrero presentó un proyecto de ley que propone permitir a empresarios privados importar, comercializar y distribuir combustible en el país.

La iniciativa surge en medio de reclamos ciudadanos, bloqueos y denuncias por daños a vehículos que, según la legisladora, alcanzan entre 3.000 y 10.000 bolivianos, mientras que las compensaciones actuales del Gobierno no superan los 2.500 bolivianos y, en muchos casos, ni siquiera son aprobadas.

“La ciudadanía está pagando los platos rotos”, cuestionó Guerrero, al señalar que ni la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ni Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) están cubriendo los costos reales, además de existir trabas burocráticas en los procesos de reclamo.

El proyecto plantea una “ley corta” excepcional que permitiría, durante un periodo de un año, que empresas privadas accedan a licencias de importación en un plazo máximo de 48 horas, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa nacional.

Guerrero explicó en entrevista con Notisalud, que, una medida similar ya fue aplicada en el pasado, cuando se autorizó a unas 20 empresas a importar combustible por un periodo de tres meses para enfrentar la escasez que había en el gobierno de Luis Arce.

Según la diputada, la propuesta busca una solución inmediata mientras las autoridades investigan las causas del problema y garantizan un suministro de calidad. “No podemos seguir dañando los vehículos ni afectando al aparato productivo del país”, afirmó.

La iniciativa ya fue presentada anteriormente en el Senado, pero fue rechazada por procedimiento. Actualmente, el proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. (eB)