La advertencia del Órgano Judicial de ingresar en un paro nacional escalonado abrió un nuevo frente de tensión en el país. Magistrados, jueces y vocales dieron un plazo de 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para atender sus demandas, principalmente relacionadas con un mayor presupuesto y la aprobación de proyectos de ley destinados a fortalecer la administración de justicia. Si no existe una respuesta, anunciaron que las medidas comenzarán con un paro de 24 horas y podrían derivar en una suspensión indefinida de actividades.
La posibilidad fue cuestionada por el Gobierno. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó el anuncio como un hecho “inaudito” y sostuvo que la crisis judicial no puede resolverse mediante un paro, exhortando a privilegiar el diálogo. Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara convocó a una reunión interinstitucional para intentar evitar la medida.
¿Qué implica un paro judicial?
A diferencia de otros sectores del Estado, el Órgano Judicial presta un servicio considerado esencial porque garantiza el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales.
Si los juzgados suspenden actividades, las principales afectaciones serían:
- Procesos civiles, familiares y laborales quedarían paralizados, retrasando audiencias, sentencias y resoluciones.
- Miles de ciudadanos tendrían que reprogramar sus audiencias, prolongando conflictos sobre herencias, divorcios, asistencia familiar, deudas o procesos laborales.
- Las causas penales avanzarían con restricciones. Generalmente, en medidas de presión se mantienen jueces de turno para atender casos urgentes, como aprehensiones, audiencias cautelares o acciones vinculadas a la libertad de las personas, pero gran parte de la actividad ordinaria se detendría.
- Se acumularía una mayor mora judicial, uno de los principales problemas estructurales del sistema boliviano. Cada día sin actividad incrementa el número de causas pendientes.
- Los abogados y litigantes enfrentarían mayores costos, debido a nuevas notificaciones, reprogramaciones y tiempos más largos para concluir los procesos.
¿Se paraliza completamente la justicia?
No necesariamente.
En experiencias anteriores, incluso durante paros o conflictos institucionales, suelen mantenerse servicios mínimos, especialmente para atender casos relacionados con la libertad de las personas, violencia contra mujeres, niñas y niños, acciones constitucionales urgentes y otras situaciones que no admiten demora.
Sin embargo, el funcionamiento normal de juzgados, tribunales y oficinas administrativas sí se vería significativamente reducido.
Un sistema que ya enfrenta retrasos
La advertencia ocurre en un contexto en el que el propio Órgano Judicial reconoce limitaciones presupuestarias y falta de recursos humanos. Precisamente esas son parte de las demandas planteadas al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, sostuvo que mientras otros sectores logran respuestas mediante bloqueos o paros, las demandas institucionales de la justicia no reciben atención, razón por la que anunciaron la posibilidad de adoptar medidas similares.
Lo que está en juego
Más allá del conflicto entre órganos del Estado, un eventual paro judicial tendría un impacto directo sobre la ciudadanía.
Cada audiencia suspendida significa procesos que se alargan; cada sentencia retrasada implica que personas, familias, empresas o víctimas deban esperar más tiempo para obtener una respuesta judicial.
En un sistema donde la mora judicial ya es una de las principales críticas, una paralización podría profundizar el retraso en la resolución de miles de causas y afectar el acceso oportuno a la justicia.
