El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, había publicado una licitación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) para contratar un servicio de monitoreo integral de redes sociales y plataformas digitales, con un presupuesto de Bs 696.000. El proceso, que posteriormente fue retirado del sistema tras hacerse público, generó cuestionamientos y críticas por el alcance del monitoreo y las cláusulas de confidencialidad. Aunque el Ministerio de la Presidencia afirmó que el objetivo era únicamente realizar seguimiento comunicacional y no ejercer control.
El proceso estaba identificado con el CUCE 26-0025-00-1632531-1-1 y, de acuerdo con el Documento Base de Contratación (DBC), la empresa adjudicada debía vigilar de forma permanente la conversación digital vinculada al ministerio en plataformas como Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, además de medios digitales y tradicionales, blogs y foros. El servicio incluía el análisis de la percepción ciudadana, la detección de tendencias, el estudio de comportamientos de usuarios y la comparación de la presencia digital institucional frente a otros actores.
De acuerdo con la investigación de la Red de Comunicadores, uno de los ejes centrales del contrato era la activación de alertas inmediatas ante picos de menciones negativas o la aparición de temas críticos, mediante un sistema de escucha predictiva y alertas tempranas las 24 horas del día, apoyado en herramientas de Inteligencia Artificial y Big Data. Asimismo, se exigía confidencialidad total sobre la información recopilada.
La licitación se dio en un contexto en el que el debate político se ha trasladado con fuerza a las redes sociales en Bolivia, lo que generó preocupación sobre el posible uso del monitoreo digital estatal como un mecanismo de control de la crítica y la opinión pública.
Horas después de la publicación de la investigación, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado institucional en el que afirmó que “no se trata de controlar redes sociales, sino de evaluar si la comunicación pública cumple su función: informar con claridad, transparencia y oportunidad a la ciudadanía”. “Optimizar la comunicación institucional es, en definitiva, optimizar el uso de los recursos públicos”, señala el comunicado difundido por esa cartera de Estado la noche del lunes.
