Cada 15 de abril, el departamento recuerda la histórica Batalla de La Tablada, donde las fuerzas lideradas por Eustaquio Méndez sellaron una victoria que marcó su identidad: firme, combativa y decidida a defender su independencia.
Hoy, 209 años después, la batalla es otra. No se libra en el campo militar, sino en el terreno político y económico. Y tiene un nuevo nombre: la redistribución de los recursos.
El presidente Rodrigo Paz, en su campaña electoral puso sobre la mesa una de sus principales propuestas: el modelo de redistribución 50/50, que plantea un nuevo equilibrio entre el nivel central y los departamentos.
El mandatario lo define como un esquema “cuasi federal”, orientado a cambiar la forma en que se asignan los recursos en el país.
“Este proceso busca construir un paquete de leyes robusto con responsabilidad fiscal que trascienda lo electoral, distribuyendo responsabilidades con reglas claras. El objetivo es que los recursos lleguen al ciudadano para la salud, educación y para potenciar sus capacidades productivas”, explicó el jefe de Estado sobre su propuesta.
La propuesta ha encontrado eco en varias regiones, pero especialmente en Tarija, históricamente considerada la “billetera” de Bolivia por su producción de hidrocarburos.
El peso de la caída del gas
Sin embargo, la realidad económica ha cambiado. Tarija enfrenta hoy el impacto directo de la disminución en la producción de gas natural, lo que ha reducido significativamente los ingresos por regalías y afectado su capacidad financiera. Lo que antes fue su mayor fortaleza, hoy se ha convertido en su principal vulnerabilidad.
En ese contexto, el debate sobre la redistribución de recursos adquiere un nuevo sentido: ya no se trata solo de equidad, sino de sostenibilidad.
El gobernador Oscar Montes ya había advertido sobre las consecuencias del modelo actual.
Según su análisis, Tarija ha sostenido durante años el sistema energético del país sin recibir una compensación proporcional. Incluso cuestionó que el departamento no perciba regalías por el gas destinado al mercado interno y reciba porcentajes reducidos por la exportación.
Una dinámica que, según advierte, ha contribuido al agotamiento de los campos hidrocarburíferos sin una reposición efectiva.
Tariquía:
En medio de esta presión económica, todavia sigue en debate un tema sensible: la posible exploración de nuevos pozos, incluso en áreas protegidas como la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La propuesta genera resistencia en la población tarijeña, que teme impactos ambientales irreversibles.
Así, el dilema se profundiza: proteger el territorio o reactivar la economía.
La ley que definirá el rumbo
A todo esto se suma la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos, impulsada por el Gobierno nacional, que apunta a reactivar el sector energético del país. La norma busca abrir mayores espacios a la inversión privada en actividades de exploración y explotación.
Sin embargo, esta normativa abre una interrogante clave:
¿cómo se articulará con la propuesta del 50/50?
Mientras la ley busca reimpulsar el modelo extractivo, el 50/50 plantea redistribuir sus beneficios.
Dos caminos que, por ahora, avanzan en paralelo y aún no terminan de encontrarse.
