El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos otorgó un leve respiro a los comunarios de la Reserva de Tariquía al suspender temporalmente la ejecución del proyecto de perforación exploratoria Pozo Domo Oso X-3, además de disponer medidas de protección para los defensores del área. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) insiste en continuar los procesos judiciales contra 17 comunarios, a quienes acusa de obstaculizar las actividades de exploración hidrocarburífera y de causar un perjuicio económico a la estatal y a Petrobras.
El abogado Roger Ibarra informó que existen dos procesos penales: uno ya se encuentra en etapa de juicio, mientras que el segundo fue rechazado por la Fiscalía de Entre Ríos el 19 de enero de 2026. No obstante, YPFB presentó una objeción el 20 de febrero, buscando reabrir la investigación para lograr una imputación contra los defensores. De los 17 beneficiados con el rechazo, Ibarra representa a 10.
Aún se espera si Petrobras se suma a la objeción, y una vez cumplidos los plazos el caso será elevado a la Fiscalía Departamental de Tarija, que deberá decidir si confirma el rechazo o reabre el proceso.
En compañía de su abogado, el comunario Juan Mendoza denunció que persisten actos de amedrentamiento y cuestionó el manejo de la Justicia.
“Solo defendemos nuestra reserva, pero los procesos continúan”, afirmó, señalando que continúan en vigilia para evitar cualquier actividad hidrocarburífera.
Actualmente por disposición del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos en Tariquía existe una pausa ambiental, a la espera de una inspección técnica que se realizaría en los próximos días para evaluar los aspectos ambientales, técnicos y procesales del proyecto antes de asumir una decisión final.
