El Gobierno denunció la existencia de una red criminal que opera entre Chile y Bolivia, dedicada a la adulteración de diésel y gasolina que termina afectando al parque automotor del país.
Según las investigaciones, las cisternas cargadas en los puertos de Arica, Iquique, desvían parte del combustible en territorio chileno, específicamente en Iquique y Alto Hospicio, donde realizan trasvases ilegales en garajes particulares. En estos lugares, extraen entre 700 y 1.000 litros por cisterna mediante manipulación de válvulas superiores, evitando los sistemas de seguridad. Las cisternas transportan hasta 35.000 litros cada una.
Posteriormente, los delincuentes reemplazan el volumen sustraído con una mezcla de agua contaminada y aceite usado para simular el color del combustible, adulterando así su calidad. Este producto es reintroducido a las cisternas y trasladado nuevamente a Bolivia para su comercialización.
El Gobierno afirmó contar con pruebas, incluyendo imágenes, placas de vehículos y registros de personas involucradas, y señaló que este esquema delictivo tiene “dos puntas”: una en Chile, donde se realiza la adulteración, y otra en Bolivia, donde se distribuye el combustible.
Las autoridades anunciaron el inicio de operativos coordinados entre la Policía y la Fiscalía de ambos países para identificar y sancionar a los responsables.
Ante ello, El Gobierno anunció la suspensión temporal de contratos y recepciones de gasolina y diésel provenientes de las empresas Vitol y Trafigura, mientras avanzan las investigaciones por la presunta comercialización de combustible de mala calidad en el país.
La medida forma parte de una estrategia más amplia para desarticular mafias organizadas dentro de la cadena de comercialización de hidrocarburos. Según la autoridad, el reciente hallazgo de adulteración corresponde solo a uno de los eslabones, por lo que se ampliarán las indagaciones a otros segmentos.
En ese contexto, el Gobierno reafirmó su decisión de combatir cualquier práctica que afecte la calidad de la gasolina y el diésel, y anunció la apertura del mercado a nuevas empresas proveedoras como parte de un proceso de diversificación en el abastecimiento.
La investigación por la comercialización de combustible adulterado ya no se limita a Chile, sino que se ha extendido a otros países de la región como Paraguay y Argentina, donde —según las autoridades— se registrarían operaciones similares, incluso en mayores volúmenes.
En el caso de Chile, se identificaron tres puntos clave de ingreso del combustible: los puertos de Arica, Iquique y Mejillones. Sobre este último, el Gobierno señaló que las investigaciones continúan en curso y que se prevé la presentación de resultados en los próximos días.
Las autoridades advirtieron que estos delitos no solo afectan a Bolivia, sino que configuran una red de carácter regional, con ramificaciones en varios países sudamericanos.
Ante este escenario, y por instrucción del presidente, se conformó un equipo de ministros para encarar el caso, mientras la Cancillería lidera la coordinación con autoridades internacionales para avanzar en las investigaciones y posibles acciones conjuntas.
